La renuncia del fiscal general del Estado nos obliga a preguntarnos de qué tamaño es la ilegalidad que se esconde para que se decida sacrificar una ficha, manifiesta Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).
La dirigente compara la situación con la muerte del tejido corporal: “¿Hasta dónde llega todo esto, al grado de que se decida amputar ante la expansión de la gangrena?”
La maestra Estrada Mora llega a esos planteamientos después de exponer amplios detalles sobre el tráfico de tierras en Yucatán, una práctica con la cual se ha relacionado al fiscal Wílberth Cetina Arjona, quien oficialmente hoy dejará el cargo.
Ese tráfico, subraya, ha dado origen a una “mafia infame” que llega a altas esferas, se relaciona con el poder político y financia campañas electorales.
Y ante los indicios de irregularidades en la actuación del abogado Cetina Arjona al frente de la Fiscalía, la presidenta de la Fecuy subraya que los ciudadanos deben exigir una investigación a fondo, “que se llegue a donde se tenga que llegar, para ver si es posible ganarle una batalla a la impunidad”.
De entrada, la profesora Estrada hace notar la vinculación del aún fiscal con el negocio de las tierras.
Fortunas e infortunios
“En los últimos 40 años, la tierra ha generado uno de los mayores negocios”, enfatiza. “Es generadora de fortunas y también de infortunios”.
Este gran negocio, apunta, se ha sofisticado y refinado en estos 40 años. Involucra a grandes capitales y a grupos que compiten entre sí, que se han adueñado de grandes extensiones de tierra y hoy constituyen una auténtica “mafia infame”.
La exdiputada local habla con autoridad y conocimiento del tema. Como presidenta de la Fecuy atestiguó el nacimiento de zonas habitacionales populares y de las reservas territoriales en Yucatán. En consecuencia, vio de cerca el origen y la culminación de los procesos de regularización de terrenos.
Además, en 1995 fue integrante del comité preparatorio de México para la Cumbre ONU-Hábitat II, en 1998 intervino en el Primer Parlamento de Mujeres de México con el tema “Las mujeres y el desarrollo urbano”, y en 2000 figuró en la serie “Cuadernos de Arquitectura de Yucatán”, auspiciada por la Facultad de Arquitectura de la Uady, con la colaboración titulada “La producción del espacio urbano”, en la que abordó la demanda de tierra en Yucatán y las principales formas de adquisición de superficies urbanas.
“Vi nacer esa mafia, no me lo contaron”, apunta la entrevistada.
Para sustentar sus puntos de vista, la presidenta de la Fecuy cita, entre otros, los siguientes conceptos:
—El negocio de la tierra en Yucatán es producto del fenómeno de urbanización en México a partir de los años 70, como consecuencia de la emigración de las zonas rurales a las zonas urbanas.
—Aquí no hubo paracaidismo, no fue gente que llegó a unos terrenos y los invadió. No hubo ocupación irregular. Se trató de personas que en una primera fase iban con los comisarios ejidales, pagaban por unos lotes, les medían las dimensiones y les daban un papel que decía que eran los posesionarios.
Primeras reformas
—Vinieron reformas a las leyes. Se crearon las reservas territoriales, que en el caso de Mérida fueron 11,000 hectáreas originales —en números redondos— sumando las que administraron la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey, creada en 1987), del ámbito estatal, y la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), de la esfera federal.
—El proceso de formación de las reservas pasó por una expropiación e indemnización a los ejidos, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hasta su transferencia al gobierno del Estado con la Cousey.
—Cuando nacen las reservas comienza una lucha jurídica y de gestión de quienes ocupaban esas extensiones y habían tramitado los servicios básicos. Entre los primeros pasos estuvo el pago por la regularización.
Gran agandalle
—Paralelamente se palparon beneficios a grandes desarrolladores de vivienda. Por ejemplo, a principios de los 90 la Cousey fijó a colonos de la Emiliano Zapata Sur II un “precio social” de $2.80 por metro cuadrado para la regularización de sus lotes. Y en medio de ese proceso para dar certeza jurídica a los vecinos se dio a conocer la construcción de un enorme desarrollo habitacional en el norte de la ciudad, al cual se destinaron decenas de hectáreas cedidas por el gobierno del Estado (en ese entonces la gobernadora era Dulce María Sauri Riancho) a un precio de un peso el metro cuadrado. Así nació el fraccionamiento Francisco de Montejo y se vivió un agandalle de la reserva en lo que quedaba dentro de la ciudad, antes del Anillo Periférico.
—Otro ejemplo se palpó en la colonia Santa María Chi, en el oriente de la ciudad. Los vecinos habían regularizado sus terrenos —en ese caso le correspondió a la Corett— y habían gestionado las superficies para su parque, la escuela y otras áreas. Incluso, tuvieron orientación de la Facultad de Arquitectura.
—De pronto, un día los colonos vieron llegar maquinaria en esos terrenos y es entonces cuando se enteraron que Corett los había vendido a desarrolladores de vivienda. Se originó una confrontación que finalmente se resolvió a favor de los vecinos. Diez años después se hizo la escuela, que hoy se llama “Esfuerzo popular”.
—Con ese tipo de operaciones se inició el monopolio de la tierra urbana, que luego dio paso a la tierra urbanizable. El manejo de las tierras empezó a quedar en pocas manos, en complicidad con muchos funcionarios de gobierno.
—Las 11,000 hectáreas de reserva que tenía Mérida en 1987 se redujeron a 5,859 (casi la mitad) en 1991.
—En 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución y uno de sus efectos fue la creación de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional (RAN). Se instituyó también el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), y es entonces cuando se dispara todo porque las tierras se convierten en un negocio enorme, basado en engaños a los campesinos, aprovechándose de su desconocimiento y de su necesidad.
—Así entraron los grandes capitales para apropiarse de la tierra urbanizable y se detonó la expansión de la mancha urbana y la conurbación de Mérida con los municipios que la rodean.
—Y nació la mafia infame, en contubernio con muchos funcionarios. Con el paso de los años ha sofisticado sus procedimientos y ampliado su red de complicidades.
—Esa mafia representa el poder económico y se ha ocupado, en el último siglo, de tener una injerencia bárbara en los asuntos públicos, financiando campañas políticas a cambio de colocar fichas en los cargos que le convienen para satisfacer sus intereses y fortalecerse.
—Ahora, por las denuncias públicas, vemos nexos de esta mafia infame en el caso del fiscal general, aunque esto nos genera una duda: ¿serán nexos o cuota?
—No es la primera vez que se liga este negocio a los cargos de la procuración de justicia, lo cual nos obliga a pensar hasta dónde llegan la corrupción y la impunidad en este tema.
—Y cabe preguntarse si el fiscal Cetina Arjona se va solo por corrupción cuando hay otros funcionarios de este gobierno contra los cuales se han presentado pruebas sólidas, quizás de situaciones peores, y nada pasa. ¿Por qué ahora sí hay renuncia?
—Esto nos lleva a preguntar hasta dónde llegan los intereses ocultos para que se decida sacrificar una ficha, amputar una parte ante la gangrena que se extiende.
—¿De qué tamaño es la ilegalidad para que, ante el temor de que se llegue a quienes están escondidos, se haya dicho: no vamos a correr riesgos, mejor amputamos? Insisto: ¿de qué tamaño es la ilegalidad?— ÁNGEL NOH ESTRADA
Lee sobre el caso del tráfico de tierras en Yucatán: clic aquí
Ejemplos
Blanca Estrada expone otro ejemplo de las triquiñuelas en torno a las tierras en Yucatán.
A nombre de otra
En los inicios de la colonia Leandro Valle, en el oriente de Mérida, los vecinos siguieron los pasos de rigor para regularizar sus parcelas y de pronto un día éstas aparecieron como propiedad de la empresa Tapsa.
Desarrollador
Quien figuraba entonces como propietario o accionista principal de Tapsa es Alfonso Pereira Palomo, hoy conocido promotor de vivienda.
“Esfuerzo popular”
En Santa María Chi, Corett vendió a una empresa tierras que los vecinos habían gestionado para espacios públicos y una escuela. Finalmente se hizo la escuela, que hoy se llama “Esfuerzo popular”.
