El juez federal Leo Sorokin, del tribunal de distrito en Boston, manifestó este viernes su intención de mantener el bloqueo nacional contra el decreto del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Durante una extensa audiencia, el magistrado cuestionó si su decisión original podría seguir vigente tras un reciente fallo de la Corte Suprema que limita el alcance de las órdenes judiciales de carácter nacional.
El decreto en cuestión, firmado por Trump el 20 de enero en su primer día de regreso a la Casa Blanca, lleva por título “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”. La orden ejecutiva instruye al gobierno federal a negar la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o con estatus temporal.
La Corte Suprema, en una decisión emitida el 27 de junio, determinó que la administración no podrá hacer cumplir la medida por al menos 30 días, aunque puede avanzar en la elaboración de directrices sobre su implementación.
Durante la audiencia, Sorokin —nombrado al cargo por el expresidente Barack Obama— escuchó los argumentos de abogados del Departamento de Justicia, así como de representantes de más de una docena de estados, el Distrito de Columbia y varias ciudades que demandaron al gobierno federal por considerar inconstitucional el decreto.
El gobierno, a través del abogado Eric Hamilton, propuso una alternativa: permitir que los niños nacidos bajo las condiciones establecidas por el decreto accedan a programas de beneficios administrados por los estados, aunque sin ser reconocidos formalmente como ciudadanos. Según Hamilton, el gobierno seguiría reembolsando a los estados por estos servicios como ha hecho históricamente.
El juez expresó dudas sobre la viabilidad de esta propuesta y pidió claridad sobre cómo se aplicaría en la práctica. “¿Cómo sé que es viable, factible, practicable?”, cuestionó Sorokin, mostrando escepticismo ante la capacidad del gobierno para ejecutar un sistema alternativo.
Los estados demandantes rechazaron esta solución intermedia. El abogado de Nueva Jersey, Shankar Duraiswamy, argumentó que permitir la implementación parcial del decreto impondría cargas administrativas y económicas considerables sobre los estados. Además, advirtió que una aplicación desigual de la medida podría provocar un desplazamiento de familias hacia los estados donde esté bloqueada, generando mayores presiones sobre los servicios públicos locales.
“No se justifican soluciones a medias cuando se trata de frenar una acción ejecutiva abiertamente inconstitucional”, afirmó Duraiswamy.
La política de Trump ya ha sido bloqueada por otros jueces federales y podría volver a ser evaluada por la Corte Suprema. El centro del debate gira en torno a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense. La decisión final podría tener un impacto significativo en el futuro de la política migratoria del país.
