Un nuevo señalamiento por presunto abuso de autoridad y posibles actos de extorsión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha generado indignación entre ciudadanos, luego de que una mujer fuera interceptada por más de diez policías estatales en la zona de Ciudad Caucel, mientras se dirigía a su centro de trabajo.
De acuerdo con testimonios y material difundido en redes sociales, los hechos ocurrieron cuando la trabajadora fue detenida por un convoy conformado por más de cinco patrullas oficiales, bajo el argumento de realizar una supuesta “revisión de rutina” a su motocicleta.
Sin embargo, vecinos y usuarios consideran que el despliegue fue totalmente desproporcionado, pues la mujer fue rodeada e intimidada por varios uniformados, en una acción similar a un operativo contra la delincuencia organizada, pese a que no existía indicio alguno de la comisión de un delito.
Presunta intimidación y revisión sin consentimiento
Según la denuncia, los agentes habrían obligado a la ciudadana a vaciar su mochila y su cartera, realizando una inspección sin su consentimiento y sin una orden judicial que justificara el procedimiento, lo que podría constituir una violación a sus derechos fundamentales.
Testigos señalaron que la mujer fue sometida a presión psicológica y amenazas veladas, mientras los oficiales revisaban sus pertenencias en plena vía pública, generando un ambiente de vulnerabilidad y miedo.
Uso de normas para presionar a motociclistas
Uno de los principales argumentos utilizados por los agentes fue la falta de la tarjeta de circulación física al momento de la detención, situación que, según los policías, ameritaba el traslado inmediato del vehículo al corralón.
No obstante, ciudadanos recordaron que el Gobierno del Estado otorgó recientemente una prórroga de seis meses para la actualización de placas y documentos, disposición que, afirman, no estaría siendo respetada por algunos elementos de la corporación.
En el video difundido en redes sociales, se observa a la mujer solicitar unos minutos para que un familiar le acerque el documento desde su domicilio. Pese a ello, los oficiales se negaron, argumentando que debía portar el documento de manera obligatoria.
Señalamientos de presuntos “moches”
Diversas denuncias ciudadanas apuntan a que este tipo de operativos se han convertido en una práctica recurrente con fines recaudatorios, especialmente contra motociclistas y trabajadores.
Según versiones recogidas por vecinos, los agentes habrían amenazado con imponer multas elevadas y enviar el vehículo al corralón, con el objetivo de presionar a los conductores para que entreguen pagos irregulares que oscilan entre los 100 y 500 pesos, a cambio de evitar sanciones.
Marco legal y derechos ciudadanos
Especialistas y activistas recordaron que, conforme al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio o posesiones sin una orden escrita de autoridad competente que funde y motive legalmente el acto.
Bajo este principio, las llamadas “revisiones de rutina” sin causa justificada podrían considerarse ilegales y violatorias de derechos humanos.
Exigen investigación y rendición de cuentas
Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales y organizaciones civiles han exigido a la SSP una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, deslindar responsabilidades y sancionar, en su caso, a los elementos involucrados.
Asimismo, pidieron que se garantice un trato digno a la ciudadanía y se erradique cualquier práctica que utilice el poder institucional para intimidar o lucrar con la necesidad de los trabajadores.
Mientras tanto, el caso ocurrido en Ciudad Caucel se suma a una serie de denuncias similares que han puesto nuevamente en el centro del debate el actuar de algunos cuerpos policiales en Yucatán y la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia.
