Una joven identificada con las iniciales B.P. denunció desde junio de 2025 a un elemento activo de la Policía Estatal de Investigación (PEI) por presunto acoso e intimidación, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación AI/115/2025.
El señalado, identificado como Pedro Pablo, pertenece a la PEI, corporación adscrita a la Secretaría de seguridad pública de Yucatán (SSP). De acuerdo con la denunciante, el agente habría utilizado su posición dentro de la institución para acceder a sistemas de videovigilancia y vigilarla, con el objetivo de hostigarla.
Presunto uso indebido de recursos institucionales
Según la versión presentada ante las autoridades, el funcionario habría abusado de su cargo para monitorear a la joven mediante cámaras de seguridad, lo que ella considera una forma de intimidación. Estos hechos quedaron asentados formalmente en el expediente correspondiente.
Hasta ahora, la Policía Estatal de Investigación de Yucatán no ha informado si el elemento ha sido separado de sus funciones mientras se realizan las indagatorias, ni ha emitido un posicionamiento público sobre el caso.
Inquietud social y antecedentes
El señalamiento ha generado preocupación entre sectores de la ciudadanía, ya que no sería un caso aislado. En diversas ocasiones se han documentado denuncias en las que servidores públicos presuntamente utilizan su investidura para ejercer presión, intimidación o acoso, particularmente cuando existe algún vínculo personal previo con la víctima.
Especialistas advierten que estas situaciones pueden afectar tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones.
Investigación en curso
Las autoridades competentes serán las encargadas de determinar si existieron conductas ilícitas y, en su caso, fincar responsabilidades conforme a la ley. Mientras tanto, se deberá garantizar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del elemento señalado.
