El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” entra en su séptimo año con la meta de 1.7 millones de beneficiarios bajo la administración de Claudia Sheinbaum, 1.2 millones menos que en el sexenio anterior. A pesar del aumento en el monto de las becas, de $3,600 en 2019 a $8,480 en 2025, las nuevas inscripciones han disminuido drásticamente. Al principio, el programa registró más de un millón de nuevos beneficiarios, pero para 2025 se espera que menos de 300,000 jóvenes se inscriban anualmente. Mientras tanto, el presupuesto ha disminuido un 7% anual.
A pesar de recibir evaluaciones positivas de Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, el programa sigue rodeado de opacidad. Una revisión de la base de datos reveló que casi 3,000 aprendices recibieron la beca más de 24 meses después de registrarse, y más de 100,000 la recibieron un año después. Además, la Secretaría del Trabajo ha negado la liberación de información para vincular a los beneficiarios con sus centros de trabajo, lo que impide conocer a fondo el impacto del programa.
Falta de Transparencia y Crecientes Preocupaciones
Las deficiencias del programa han sido señaladas tanto por el Coneval como por la Auditoría Superior de la Federación. Los críticos argumentan que sin indicadores claros, es difícil evaluar la efectividad real del programa. Se encontraron problemas como pagos a personas fallecidas y beneficiarios que también trabajaban o estudiaban, lo que apunta a fallas significativas en su ejecución. Además, se ha denunciado una coordinación inadecuada con miembros de partidos políticos y empleados del gobierno, lo que complica aún más la transparencia.
El Impacto en los Beneficiarios
Mientras algunos participantes, como Atena Rodríguez, consideran que el programa les ha ayudado a desarrollar habilidades valiosas, otros, como Adrián García, creen que el reconocimiento recibido tiene poco valor. Expertos como Esteban Álvarez Díaz sostienen que el programa no prioriza las zonas con mayores necesidades, especialmente en el sur de México, donde el acceso a centros de capacitación es limitado.
En 2024, el programa fue elevado a rango constitucional, asegurando su financiamiento futuro, pero su falta de transparencia y supervisión detallada sigue siendo un tema crítico.
