La sorpresiva renuncia de Antonio Pasos Canto como director del Archivo Notarial no dio paso a un proceso transparente ni a una designación ejemplar. No. Dio paso, más bien, a una de esas decisiones que confirman que en la política local el mérito importa menos que las relaciones.
Con bombo y platillo discreto, el gobierno encabezado por Joaquín “Huacho” Díaz Mena decidió nombrar como nuevo director del Archivo Notarial a Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, Notario Público número 26, un personaje ampliamente señalado por su presunta vinculación con la llamada mafia inmobiliaria.
La reacción entre notarios, abogados y ciudadanos no se hizo esperar: indignación, alarma y rechazo. Porque no se trata de cualquier cargo. El Archivo Notarial es, ni más ni menos, el guardián de la certeza jurídica en el estado. Y ahora quedará en manos de alguien con un historial que haría palidecer a cualquier comité de ética… si es que existiera uno.
Denuncias, quejas… y aun así, el premio
Pino Barrera ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntos fraudes relacionados con traspasos irregulares de créditos Infonavit, retrasos injustificados en escrituras, nulidades de actos jurídicos, suplantación de identidades, falsificación de documentos e incluso irregularidades fiscales.
No son chismes de pasillo. Existen docenas de denuncias ante la Fiscalía General del Estado y numerosas quejas formales ante la Consejería Jurídica, la misma dependencia de la cual ahora depende el Archivo Notarial que dirigirá.
La pregunta obligada es incómoda:
¿Cuántos expedientes hay realmente en su contra y cuántos duermen el sueño de los justos en algún cajón gubernamental?
La opacidad oficial solo alimenta la sospecha de que aquí no hay descuido, sino protección.
Suspendido ayer, premiado hoy
El historial del nuevo funcionario incluye un episodio que debería ser suficiente para encender todas las alarmas: fue suspendido como notario durante el gobierno de Mauricio Vila, conforme al Diario Oficial del 20 de julio de 2023, tras ser vinculado a proceso por falsificación de impuestos municipales y documentos oficiales, incluyendo actas de matrimonio y certificados de gravamen.
Sí, documentos públicos. De los que sostienen la vida legal de las personas.
Más tarde, regresó gracias a un amparo. Y desde entonces, el estado real de esos procesos permanece convenientemente en penumbra.
Pero al parecer, lejos de ser un obstáculo, ese historial terminó siendo parte del currículum.
¿Probidad? ¿Eso con qué se come?
La Ley del Notariado del Estado es clara. El artículo 118 Ter, fracción IX, exige que quien dirija el Archivo Notarial sea una persona de “reconocida probidad”.
Con estos antecedentes, la designación resulta francamente surrealista.
Surge entonces otra pregunta incómoda:
¿El Consejero Jurídico y el gobernador desconocen estos datos o simplemente decidieron ignorarlos?
Porque creer que nadie sabía sería admitir una incompetencia monumental. Y aceptar que sí sabían sería confirmar algo peor.
Expedientes enterrados y silencios convenientes
Hasta ahora, no existe evidencia pública de que se haya realizado una revisión exhaustiva de las denuncias, quejas y procesos judiciales relacionados con Pino Barrera.
No se sabe si fueron analizados.
No se sabe si siguen activos.
No se sabe si fueron archivados… en el peor sentido de la palabra.
Lo que sí se sabe es que, pese a todo, obtuvo uno de los cargos más sensibles del sistema notarial.
Apellidos que pesan más que la ley
Las dudas crecen cuando se observa el entorno familiar del nuevo director.
Pino Barrera es hermano de la magistrada de disciplina judicial Landy Aimee Pino Barrera y sobrino del priista Orlando Paredes Lara.
Casualidades que, en el México real, suelen traducirse en redes de protección, conflictos de interés y trato preferencial.
No es paranoia: es experiencia histórica.
El mensaje del poder
El nombramiento deja un mensaje claro, directo y devastador:
En Yucatán, las denuncias no importan.
La probidad es negociable.
La ley es flexible.
Y las conexiones valen más que la reputación.
Se trata del Archivo Notarial, el pilar de la seguridad jurídica del estado. No de una oficina menor. No de un cargo decorativo. De una institución que resguarda actos patrimoniales, herencias, propiedades y derechos.
