Con un renovado sentido de urgencia, el presidente Joe Biden quiso ayer cumplir su palabra empeñada ante una comunidad inmigrante que celebró la presentación en sociedad de una ambiciosa reforma migratoria “amplia e inclusiva”. Una iniciativa que, habría que decirlo, tendrá que superar un sinnúmero de obstáculos antes de convertirse en realidad.
Nada más conocerse la propuesta de Biden, que buscará crear una vía para la naturalización de 11 millones de indocumentados, enfrentó la virulenta reacción de las fuerzas más nativistas y extremistas del partido republicano:
Con esta iniciativa, el presidente Biden “coloca los intereses económicos del país y su seguridad en último lugar, en un momento en que debería estar centrado en reabrir las escuelas, ayudar al empleo y derrotar al Covid-19”, aseguró el congresista republicano Jim Jordan, incondicional del ex presidente Donald Trump y líder del ala más extremista.
La reacción de Jordan demuestra hasta qué punto el Partido Demócrata lidiará contra un adversario renuente a apoyar una iniciativa de ley que ha sido etiquetada como una “amnistía para ilegales”. El proyecto requerirá el apoyo de al menos 10 republicanos en el Senado para convertirse en ley.
Las resistencias previsibles de un sector del Partido Republicano, inmerso en una encarnizada lucha intestina tras la humillante derrota de Trump, se ha topado con la resolución de un Partido Demócrata convencido de que ya es hora de cumplir con una promesa largamente pospuesta: en una rueda de prensa virtual junto a otros legisladores, Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, aseveró que llegó la hora de “sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados”.
Tenemos un “imperativo económico y moral” para pasar una reforma amplia e inclusiva que “no deje a nadie atrás”, agregó Menéndez al reconocer que, si se logra que ciertos elementos avancen y sean aprobados, también será positivo.
El fin principal del proyecto es crear una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1º de enero de 2021.
Uno de los grupos beneficiados por esta iniciativa son los denominados dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres cuando eran menores de edad, ya que podrán tener acceso a la residencia permanente.
En el gobierno de Barack Obama, este grupo de cerca de 700 mil jóvenes –la mayoría de origen latinoamericano– fueron beneficiados por un estatuto de protección que su sucesor, Donald Trump, intentó cancelar en una pugna judicial que llegó hasta la Suprema Corte.
También, de aprobarse, podrán obtener la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar una historia de empleo en Estados Unidos.
Para el presidente Biden, la presentación de esta iniciativa supone un acto de desagravio hacia una comunidad migrante que ha esperado demasiado tiempo para salir de las sombras y un nuevo intento por recuperar la confianza perdida del electorado latino, un segmento con creciente influencia política y electoral.
“La inmigración es una fuente irrefutable de nuestra fuerza y es esencial para quienes somos como nación. Los pasados cuatro años de políticas equivocadas han exacerbado el sistema de inmigración ya quebrado y han puesto de relieve la necesidad crítica de reforma”, aseguró Biden en un mensaje difundido por la Casa Blanca.
“La legislación que envié al Congreso traerá cambios muy necesarios en un sistema de inmigración en el que la reforma es necesaria desde hace mucho tiempo”, y “administrará responsablemente la frontera con inversiones inteligentes, abordará las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica, modernizará nuestras vías de inmigración legal y creará una vía ganada hacia la ciudadanía para muchos, incluidos los dreamers, los trabajadores agrícolas y los titulares de TPS”, agregó el mandatario.
Para Biden, “ésta es una oportunidad de reiniciar el debate sobre una reforma migratoria después de los pasados cuatro años”, indicó en una rueda de prensa un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado.
El gobierno de Trump aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.
Desde que llegó al poder, Biden anunció un golpe de timón en materia migratoria, que incluyó la creación de un contingente para reunir a las familias separadas por la política de tolerancia cero en la frontera impulsada por Trump.
A partir de esta semana se comenzará a desmantelar el polémico programa Quédate en México, que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en el lado mexicano de la frontera en espera de la resolución de sus solicitudes.
La iniciativa enviada por los demócratas se materializará en una directriz provisional, que limitará drásticamente qué personas pueden ser arrestadas y deportadas por agentes de inmigración, una medida que se produce cuando la administración de Biden enfrenta una creciente presión para reducir las repatriaciones.
Expulsiones limitadas
Además, a partir de este jueves, el gobierno anunció que instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) limitar las detenciones y expulsiones de inmigrantes irregulares para concentrarse en las personas que constituyan un riesgo para la seguridad nacional y en aquellos que ingresaron a Estados Unidos después del 1º de noviembre de 2020.
Además, los agentes necesitarán la aprobación previa de un superior de alto rango si desean arrestar a alguien que no entre en una de esas categorías, una condicionante que intentará meter en cintura a las fuerzas más antinmigrantes en el seno de la Patrulla Fronteriza.
Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emita pautas permanentes dentro de 90 días.
Como era de esperarse, una larga lista de organizaciones defensoras de la causa reaccionaron desde la prudencia y el optimismo moderado. Así, por ejemplo, representantes de Fair Immigration Reform Movement (FIRM) y la Hispanic Federation consideraron en una carta que tomará tiempo eliminar las políticas de mano dura que impuso el ex presidente Trump. “Así que, de momento, se debería aprobar el alivio migratorio para los mexicanos que no pueden regresar a su patria en condiciones seguras debido a la pandemia.”
El TPS, añadieron, sería un primer paso hacia una solución permanente, como una reforma migratoria que el jueves varios políticos demócratas presentaron en el Congreso estadunidense.
El TPS es otorgado por Estados Unidos desde hace décadas a ciudadanos de varios países que fueron afectados por desastres naturales o guerras civiles. Los beneficiados por el programa logran obtener un permiso de trabajo y la suspensión temporal de su deportación.
Los casi 5 millones de mexicanos que residen sin autorización en Estados Unidos representan la mitad del total de indocumentados que viven en el paí
