Arturo Millet Reyes, cabeza visible de la llamada mafia inmobiliaria peninsular y bisagra entre los políticos latifundistas que lideran en la Península los exgobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Félix González Canto, está en problemas. El esposo del brazo derecho de Ibom y estratega de la campaña de Joaquibom Díaz Mena, Gabriela López Gómez, está en problemas:
El financiador de la campaña de Huachibom y y exdueño de los Venados de Yucatán, se encuentra prófugo de la justicia tras ser declarado sustraído a la acción legal en un caso de abuso de confianza equiparado, por el cual enfrenta una demanda de más de 117 millones de pesos.
La cabeza visible de la mafia inmobiliaria peninsular fue declarado sustraído a la acción de la justicia después de no poder aplazar más la audiencia intermedia y de revisión de medidas cautelares, relacionada con el mencionado delito. Este hecho, sumado a una condena previa por el Tribunal Primero de Enjuiciamiento en 2022, ha generado una situación legal complicada para el esposo de la “Niña de los Logos”.
El Juez de Control originalmente a cargo del caso, José Enrique Sáenz Dzul, fue sustituido por la Juez Silvia Pamela Cetina Bautista después de que se aplazaran las audiencias en tres ocasiones. La última vez, la audiencia fue reprogramada debido a supuestos problemas de salud del empresario, quien presentó certificados médicos para justificar su ausencia.
Los inversionistas afectados, quienes confiaron en el financiador de las campañas de la mafia inmobiliaria peninsular para gestionar la escrituración de varios inmuebles, ahora se encuentran en una situación complicada, después de que el empresario no cumpliera con su parte del acuerdo y no devolviera el dinero entregado en calidad de depósito, que asciende a más de 117 millones de pesos.
La evasión del esposo de Gabriela López ha generado indignación entre los inversionistas afectados, quienes señalan haber depositado su confianza en él debido a relaciones comerciales previas. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando al empresario para que responda por los cargos en su contra y se haga justicia para los afectados.
