El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, del Inegi, publicado el 21 de octubre, que reúne toda la información sobre la efectividad de esas dependencias en el país, con información de 2019, no incluye la correspondiente a Yucatán y Morelos.
Estos dos estados fueron los únicos en toda la República que simplemente se negaron a responder a tiempo el cuestionario del Inegi.
Este censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente sobre el número de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación levantada por entidad.
También, las determinaciones y conclusiones efectuadas en esas investigaciones, así como información sobre los delitos registrados en las averiguaciones, el número de las víctimas y de inculpados o imputados en las carpetas de investigación.
No se conocen las causas de por qué la Fiscalía yucateca se abstuvo de entregar la información al Inegi en 2019, aunque, por el contrario, el gobierno del estado intentó esconder estos hechos.
Como se sabe, Cetina Arjona tomó posesión como titular de la Fiscalía el 30 de octubre de 2018 y renunció el 8 de noviembre, en medio de un gran escándalo sobre su presunto apoyo a empresarios acusados de actos delictuosos y de varias grabaciones con su voz, en las que revela su concepción del trabajo de fiscal: “la oportunidad de hacer mucha lana”.
En su momento la Secretaria General de Gobierno, Licda. María Fritz Sierra, afirmó referente al trabajo de la Fiscalía General del Estado: “Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la Fiscalía, como institución, obtuvo la mejor calificación entre las 32 fiscalías estatales de acuerdo con el reporte de la organización Impunidad Cero, lo que la mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional”.
Además, dijo, que “hemos avanzado en transparencia y rendición de cuentas, que son las herramientas que han demostrado ser las más eficaces para combatir los actos de corrupción. El combate a la corrupción es tarea de todos los días, sin tregua, en todo Yucatán”.
Lo que la Licda. Fritz Sierra no precisó es por qué sí se presumía de transparencia en la Fiscalía, Cetina Arjona no entregó la información necesaria al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
La funcionaria tampoco dijo que el documento de Impunidad Cero —“Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”— se basa en información oficial de 2017 y 2018, es decir, de antes del gobierno de Mauricio Vila Dosal.
Lo que sí es un dato objetivo es el reportado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2019, del Inegi, según la cual en ese año la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción de las autoridades de seguridad y de justicia en Yucatán en la población de 18 años y más, coloca al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado en el segundo lugar de la lista de entidades peor calificadas, con un porcentaje de 60.8%.
En primer lugar quedaron los jueces, con 64.9% y en tercer lugar la Fiscalía General de la República (antes PGR), con 59.5% de opiniones desfavorables.
Para conocer específicamente estos datos —la percepción de corrupción en las dependencias de seguridad y justicia— el Inegi realizó la encuesta respectiva entre marzo y abril de 2019, es decir, seis meses después del ascenso de Cetina Arjona a la Fiscalía.
En la Envipe de 2018, esta dependencia y el Ministerio Público ocuparon el cuarto lugar entre las oficinas peor evaluadas, con el 59.7% de los encuestados. Ese año, el primer lugar lo ocupó otra vez los jueces (65.3%), el segundo lugar la Policía de Tránsito (62.1% ) y el tercer sitio la policía estatal (59.8%).
Otro hecho incontrovertible respecto al estado de la procuración de justicia en Yucatán es el alto número de delitos que se cometen y que no se denuncian.
De acuerdo con la Envipe de 2019, que maneja datos de 2018, de cada cien delitos que se cometen en el estado, apenas el 10.5% se denuncia. El resto, 89.1%, no llega al escritorio del Ministerio Público. El 0.3% no se conoce la causa.
La principal razón de la no denuncia es el miedo a la extorsión por parte de las autoridades, la desconfianza hacia éstas y la creencia de que denunciar es una pérdida de tiempo y un trámite muy largo.
De ese 10.5% de los delitos que sí se denuncian, solo en el 71% se abre una carpeta de investigación, aunque en la gran mayoría de los casos no pasa nada con esto o la carpeta se mantiene mucho tiempo “en trámite”, sin llegar a algún lado.
