A pocos meses de haber iniciado su administración, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, enfrenta nuevos señalamientos por el acelerado crecimiento de su patrimonio, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y combate a la corrupción que lo llevó al poder.
Investigaciones recientes revelan que, tan solo en 2025 —su primer año completo como mandatario—, habría concretado al menos tres adquisiciones millonarias, destacando la compra de un rancho de 180 hectáreas ubicado a menos de 300 metros de su propiedad conocida como Santa Pilar. Este nuevo predio, equipado con infraestructura ganadera, sistema de riego, energía eléctrica y una casa principal, incluye además un cenote funcional, considerado una de sus mayores riquezas naturales.
La operación, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos, corresponde al terreno donde anteriormente operaba el rancho Santa Elena, propiedad de la familia Portillo. Aunque actualmente luce abandonado por fuera, en su interior mantiene instalaciones en buen estado. Habitantes de Panabá aseguran que el cenote fue saneado recientemente, lo que alimenta sospechas sobre posibles proyectos futuros, como un desarrollo ecoturístico. No es menor señalar que el mandatario ha intentado adquirir sin éxito otros terrenos vinculados a la zona ecoturística Sacbé.
Esta compra se suma a otras operaciones cuestionadas. El 2 de abril de 2025, Díaz Mena adquirió el rancho “San Manuel Número Uno”, también en Panabá, con una extensión de 75.5 hectáreas. La transacción fue registrada por apenas 1.4 millones de pesos —alrededor de 18 mil pesos por hectárea—, un valor significativamente inferior al del mercado, donde terrenos similares superan los 10 millones de pesos. Productores locales y valuadores consideran que esta subvaluación podría haberse realizado para reducir el pago de impuestos.
La operación fue protocolizada por el notario Carlos Alim Briceño Ramírez, quien ha participado en varias transacciones del mandatario y figura entre los fedatarios bajo revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunta evasión fiscal.
A estas adquisiciones se suma la compra de ganado por 3.5 millones de pesos hacia finales de 2025. En total, se estima que el gobernador habría desembolsado al menos 25.5 millones de pesos en ese año, una cifra que no corresponde con sus ingresos oficiales.
De acuerdo con datos públicos, Díaz Mena percibe un sueldo neto mensual de 105 mil pesos como gobernador. Incluso sumando los 140 mil pesos mensuales que reportó como ingreso ganadero en declaraciones previas, sus percepciones no justificarían el nivel de inversión realizado. Un análisis simple sugiere que habría necesitado ahorrar durante más de ocho años sin gastar un solo peso para reunir esa cantidad, algo difícil de sostener considerando que es el único proveedor de su familia.
Pero el panorama es aún más amplio. Se ha documentado que el mandatario sería propietario de al menos 12 ranchos en la zona ganadera de Panabá y San Felipe, muchos de ellos a nombre de familiares, incluidos sus hijos. Estas propiedades abarcan cerca de mil 500 hectáreas y albergarían alrededor de 2 mil 400 cabezas de ganado. A esto se suman tres residencias en Mérida y vehículos de lujo, con un valor total estimado superior a los 300 millones de pesos.
Las contradicciones entre su discurso y los hechos han encendido las alertas. Mientras el gobernador insiste en que su riqueza proviene de la actividad ganadera, sus propias declaraciones patrimoniales de 2019 y 2023 no respaldan ese argumento.
Además, testimonios de ganaderos de la región apuntan a un posible esquema de tráfico de influencias. Según estas versiones, Díaz Mena, en coordinación con el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, estaría acaparando apoyos destinados al sector mediante intermediarios vinculados a sus propios ranchos. El control que mantiene sobre asociaciones ganaderas en municipios como Panabá, San Felipe y Tizimín habría contribuido a que estas prácticas permanezcan en silencio.
Así, lo que comenzó como una administración que prometía austeridad y transparencia, hoy enfrenta crecientes cuestionamientos por un presunto enriquecimiento acelerado y el uso del poder público para beneficio privado.
