En el arranque de la contienda electoral en Yucatán, se ha desatado una polémica tras el presunto involucramiento de candidatos de Morena en actividades ilegales para obtener apoyo electoral. Una reciente investigación señala a varios municipios como centros estratégicos de operaciones de este partido, donde se estarían realizando entregas de apoyos no permitidos a simpatizantes.
El incidente más reciente tuvo lugar en la unidad deportiva del municipio de Izamal, donde el candidato de Morena a la alcaldía de Hoctún, Miguel Arjona Sánchez, fue sorprendido distribuyendo fertilizante a campesinos, a pesar de no ser empleado de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), la entidad responsable de tales entregas. Este hecho inusual generó sorpresa y desencadenó la intervención de autoridades locales y de la Guardia Nacional.
En un intento similar en Tekantó, ciudadanos y simpatizantes lograron evitar la entrega ilegal de apoyos, conscientes de la ilegalidad de tales acciones en periodo electoral.
Estos acontecimientos han aumentado la tensión en el ambiente político del estado, ya que se interpretan como un indicio de un proceso electoral altamente competitivo, donde Morena estaría dispuesto a utilizar cualquier medio para obtener el poder en Yucatán.
La falta de intervención por parte del Gobierno de Yucatán ha generado críticas y cuestionamientos sobre su capacidad para mantener el orden en el estado. ¿Hasta cuándo permitirá el gobernador que sus funcionarios y simpatizantes se involucren en actividades partidistas durante el periodo electoral? Esta inacción podría tener repercusiones significativas en el resultado de las elecciones de 2024.
En este contexto, es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, así como para prevenir cualquier intento de manipulación por parte de los distintos actores políticos. El futuro democrático de Yucatán está en juego, y es responsabilidad de todos velar por su integridad.
